Derecho a saber
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16 de diciembre de 2020

APORTACIONES AL PLAN ESTRATÉGICO DE TRANSPARENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Índice del Proyecto de Plan Estratégico de Transparencia del Principado de Asturias

Entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020 se abrió a audiencia e información pública el Proyecto de Plan Estratégico de Transparencia del Principado de Asturias (pdf). Analizado el texto del proyecto expuesto en Asturias Participa, desde la AAPA hemos presentado las siguientes aportaciones cuyo objetivo es poner de relevancia que la gestión de documentos es la base para la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno:

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La Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA) tiene entre sus fines formular las propuestas más convenientes en orden a una más eficaz administración de documentos y archivos y, en esta línea, siempre se ha implicado en que Asturias tenga unas administraciones públicas más eficientes, transparentes, accesibles y democráticas, con el pleno convencimiento de que una adecuada gestión de documentos y archivos será un eje estratégico para su consecución y para un servicio público de calidad. Por este motivo, en relación al proceso de audiencia e información pública relativo al Plan Estratégico de Transparencia del Principado de Asturias alegamos lo siguiente: 


1) Con carácter general, el plan denota un conocimiento poco actualizado del potencial de la gestión de documentos y con una marcada perspectiva historicista. La gestión de documentos actual, en los términos del marco normativo internacional en la materia, da respuesta a muchos de los objetivos formulados (sobre reutilización de la información, formato, transformación pública, innovación y eficiencia) y aplicarla en esos términos, desde el diseño, daría respuesta a las confusas alusiones que existen en el Plan a la producción de documentos vs. la "creación de datos". No está entre los fines de las administraciones públicas (AAPP) "crear datos", sino prestar servicio público. Es en ese desempeño donde se producirán y recopilarán documentos y otra información, dentro de un contexto y con unas exigencias que deben ser salvaguardados, para dar soporte a esa acción pública y al derecho de acceso a la información. Esto es algo que solo se consigue mediante la gestión de documentos de la organización con una visión transversal de todo ese contexto de producción, de hecho así lo especifica el marco jurídico y normativo vigente, e incluso referentes utilizados en el propio Plan (véase Estados Unidos o comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña). Y, en cambio, pese al amplio número de referencias utilizadas, la propia Política de Gestión de Documentos del Gobierno del Principado de Asturias ni siquiera es mencionada en este Plan cuando es un eje estratégico para fijar los criterios, pautas y estrategias que guiarán la producción, transferencia/captura, tratamiento, acceso y conservación de los documentos gestionados en la organización, con el fin de asegurar su autenticidad, fiabilidad y disponibilidad a lo largo del tiempo. 

Por eso solicitamos se tengan en consideración estas aportaciones, se incluya una línea estratégica que ancle estos cimientos para que los demás objetivos se estructuren en torno a información primaria fiable, íntegra, auténtica y disponible con plenas garantías de accesibilidad, completitud y actualización


2) Sobre la extrema focalización en los datos en abstracto y sobre su "creación", presente en todo el documento y aparentemente desconectada de la actividad de las instituciones públicas, seguimos ahondando en lo expresado en el punto anterior. Invitamos al estudio de experiencias de mercado en big data (tanto privadas como públicas), donde pese al inmenso potencial de las herramientas y tecnologías desarrollados, la clave estratégica pasa por la calidad de los datos. Unos datos que, en el caso que nos ocupa, deben ser producidos en un contexto delimitado. Es fundamental reformular cómo se producen en la operativa diaria de la acción pública, de modo que los datos que se ofrezcan sean fiables, íntegros y auténticos pero también que se obtengan y traten de manera ágil y eficiente. Evitando, como bien se apunta en el plan, un sobre esfuerzo (y consiguiente sobrecoste) en su transformación y reelaboración. En este sentido, conviene destacar que impulsar la reutilización de la información de los documentos públicos (hoy ya mayoritariamente electrónicos) y dentro de su contexto, favorece tanto el efectivo cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso a la información pública, como muy especialmente, el cumplimiento del derecho a no presentar documentos que ya obran en poder de la administración, por simplificación administrativa y mejor servicio público. Por eso insistimos en que el objetivo de las AAPP no es "crear datos" sino producirlos respetando las exigencias de su contexto competencial y en favor del mejor servicio público. También solicitamos que se estudie más detenidamente este aspecto y la propia Política de Gestión de Documentos del Gobierno del Principado de Asturias (proceso de diseño y tipos documentales), así como las implicaciones que pueda tener con la línea estratégica 4, para evitar inversiones que fracasen o induzcan a resultados indeseados o incompletos por no poder suministrarle datos de calidad


3) En lo que respecta a la línea estratégica 2, se alude al mapeo de información relevante en la organización, para lo que en aras de la eficiencia citada en el Plan solicitamos que no se sigan multiplicando los instrumentos de acceso y se use para ello el cuadro de clasificación funcional de documentos que se encuentra alineado con las funciones que articulan el presupuesto del Gobierno del Principado de Asturias, así como la actividad de la organización y el catálogo de procedimientos. Garantiza una fuente única, primaria y viva.


4) Creemos importante no despistar en estas estrategias la necesidad de documentar la acción pública en el Gobierno y la Administración del Principado de Asturias, organismos autónomos y demás entes públicos, no solo en lo que afecta a actuaciones sujetas a procedimiento administrativo sino, también, a la toma de decisiones y el ejercicio de las obligaciones de aquellas personas que ostentan cargo público. Algo que puede ser contemplado tanto a efectos de publicidad activa, como en el derecho de acceso (usando las mismas referencias citadas en el plan, véase el caso de Estados Unidos). A nivel del Plan, además de establecerse indicadores de seguimiento, puede ser contemplado en la línea transversal de sensibilización y formación, extensible también a entidades locales y otras instituciones. Creemos que es un aspecto estratégico para anclar la confianza pública en las instituciones y sus representantes.


5) Invitamos a que también se contemple la publicidad activa en materia de gestión de documentos y mediante datos abiertos, por ejemplo publicando indicadores de producción de documentos, valoración, selección, acceso y destrucción. También haciendo públicos los expedientes y análisis de la Comisión de Valoración y Calificación de Documentos Administrativos del Principado de Asturias. 


6) Aunque se indica que el alcance se ciñe al Gobierno del Principado de Asturias, trasladamos la emergencia en dar soporte a las entidades locales en cumplimiento de las exigencias del Estatuto de Autonomía, dado que son muchas la carencias detectadas en este sentido.

9 de octubre de 2020

#CIT2020: LA TRASCENDENCIA DE LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES



Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2020 se celebró el V Congreso Internacional de Transparencia, en esta ocasión completamente en línea, debido a las restricciones de la pandemia. Desde la AAPA, cumpliendo con el compromiso adoptado en su última asamblea, se elaboró una propuesta de ponencia que fue admitida en el GT20-20. Experiencias de implementación de la transparencia.

Siguiendo el programa establecido, el 1 de octubre la presidenta de la AAPA, Fátima Rodríguez Coya, expuso la ponencia La trascendencia de la transparencia en torno a la toma de decisiones: estudio de caso en el Gobierno del Principado de Asturias

El objetivo era promover el debate sobre la trascendencia que tiene documentar la toma de decisiones: 

  • > Cómo afecta al ejercicio del derecho a la información pública, compartiendo la consulta realizada al Gobierno del Principado de Asturias sobre el programa integral en materia de archivo y documentación en los órganos judiciales de Asturias (aquí tienes más info).

  • > Cómo impacta en cuestiones como la contratación pública, compartiendo nuestra experiencia en la reclamación de una licitación pública vinculada a la misma materia, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Se trata de un ejercicio del derecho a saber tal vez menos explorado que la consulta de datos vía publicidad activa, pero sobre el que queríamos llamar la atención para visibilizar las profundas consecuencias que tiene, pues muchos de los datos que después se publican o que se nos entregan están fuertemente condicionados por unas decisiones no siempre debidamente estudiadas y documentadas.

Como pudimos exponer en este congreso, se trata de un ejercicio de puesta a prueba de nuestros derechos que queríamos compartir y debatir en un foro interdisciplinar como este, convencidas de que solo llevando a la práctica nuestros derechos y analizando los resultados con múltiples perspectivas, podremos mejorar lo público en beneficio de todos.

27 de abril de 2020

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DURANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS



La Asociación de Archiveros de Asturias (AAPA), como miembro de la Coalición Pro Acceso, junto casi una treintena de organizaciones, ha pedido hoy al Gobierno que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información, después de que se hayan suspendido los plazos administrativos por el estado de alarma, declarado el pasado 14 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus.
 
Fieles a los fines de la AAPA, desde la Coalición ProAcceso defendemos y promovemos el derecho al acceso a la información junto con otras asociaciones profesionales y colectivos ciudadanos., implicándonos en las modificaciones legislativas, participando en la divulgación del derecho a saber y vigilando el cumplimiento de los compromisos de transparencia y buen gobierno de las entidades públicas.

Consideramos que el acceso a la información es fundamental y muy especialmente en una situación como el actual estado de alarma con motivo del Covid-19, por eso en una carta dirigida a la Ministra de Política Territorial y FunciónPública, Carolina Darias, los miembros de la Coalición Pro Acceso denunciamos los efectos que esta pandemia está teniendo sobre la transparencia y el acceso a la información, un derecho fundamental que debe ser protegido especialmente en tiempos de crisis.

Si queremos que los ciudadanos confíen en las instituciones, es imprescindible que estos conozcan sus actuaciones y aseguren la adecuada rendición de cuentas por parte del gobierno. Por eso, destacamos también las siguientes peticiones presentadas en esa carta: 
  • > Modificar el Real Decreto 463/2020, incluyendo el derecho de acceso a la información entre las excepciones de suspensión de plazos administrativos.
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  • > Continuar, en la medida de lo posible, con la tramitación de las solicitudes recibidas antes o durante el estado de alarma no relacionadas con la pandemia, evitando que la resolución se prolongue en el tiempo.
  •  
  • > Responder de forma prioritaria a todas aquellas solicitudes relacionadas con la Covid-19. En base a lo establecido en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto, que permite la continuación de procedimientos administrativos relacionados con la pandemia; 
  •  
  • > Documentar debidamente la toma de decisiones y las actuaciones públicas que se lleven a cabo, así como asegurar la correcta gestión de toda la información.
  •  
  • > Crear una página web o una sección en el Portal de Transparencia dedicada exclusivamente a la Covid-19, donde se publique de manera proactiva y centralizada toda la información relacionada con la gestión de la pandemia (sanitaria, legal, laboral, económica, científica, presupuestaria, medioambiental…) a nivel nacional, autonómico y local, ofreciendo los datos con la mayor desagregación posible (barrios). Todos los datos deberán publicarse en formatos abiertos y reutilizables, con sus respectivos metadatos, y deberán ser incluidos, además, en un catálogo especial sobre la Covid-19 en el portal datos.gob.es
  •  
  • > Publicar proactivamente y de forma inmediata
    • la conformación del o de los comités científicos, así como los informes en los cuales se basan las decisiones tomadas por el Gobierno; 
    • toda la información relacionada con la contratación pública de emergencia, incluyendo intermediarios, beneficiarios, contratos, liquidación, ejecución, etc. 
  • > Mantener un soporte digital de toda la información relacionada con la Covid-19 que permita la trazabilidad de las acciones realizadas y, por ende, garantice la adecuada rendición de cuentas.
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  • > Garantizar la protección de la privacidad, asegurando que el seguimiento y la vigilancia digital usada para proteger la salud de los ciudadanos sea una medida temporal y supervisada constantemente por especialistas y miembros de la sociedad civil, permitiendo una completa transparencia del uso dado a los datos recolectados.


Todas estas peticiones también se harán llegar en los próximos días a los diferentes gobiernos autonómicos.


Entidades que nos adherimos a la petición

12 de septiembre de 2018

TRANSPARENCIA: DESESTIMADO POR INEXISTENCIA DEL DOCUMENTO


[ACTUALIZADO: FEBRERO 2019]


#DERECHOASABER - #DIADERECHOASABER - #TRANSPARENCIA


La AAPA ha hecho uso del derecho de acceso a la información pública para conocer cuánto hay de cierto en las repetidas declaraciones del Gobierno del Principado de Asturias y sus representantes, sobre su programa integral en materia de archivo y documentación en los órganos judiciales de Asturias.

Desde 2017, hemos localizado numerosas fuentes de información que hacen alusión a dicho programa o plan de actuación (pues se alternan las denominaciones), para solucionar los problemas organizativos existentes en la gestión de los documentos judiciales de los organismos de la región. Destacamos alguna de esas referencias:
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  • 30/08/2017 > El Principado pondrá en marcha un plan de archivos judiciales por la saturación de expedientes: "La directora de Justicia asegura que habrá dos vías de actuación. El Principado pondrá en marcha un plan de archivos judiciales por la saturación de expedientes que hay en los juzgados. En declaraciones a TPA, la directora de Justicia, Encarnación Vicente, asegura que habrá dos vías de actuación. Por un lado, se pondrá en marcha una Junta de Expurgo, que destruirá los documentos que ya no se usan. Por otro, se está buscando un local para instalar allí los expedientes que no son de uso habitual.

  • 13/10/2017 > Acuerdo de desconvocatoria de huelga firmado por la Directora General de Justicia y los miembros del comité de huelga de las organizaciones sindicales: 9.- Archivos judiciales. La Administración se compromete a ejecutar un Plan de Actuación en los archivos judiciales que contribuya a solucionar los problemas organizativos actualmente existentes.
  •  
  • 05/11/2017  > El Principado inicia en el Palacio de Justicia de Oviedo un programa para reorganizar los archivos de los órganos judiciales: La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, a través de la Dirección General de Justicia, ha iniciado en el Palacio de Justicia de Oviedo un programa para reordenar los archivos de los órganos judiciales del Principado. […] El Gobierno de Asturias atiende con este programa una demanda relacionada con este tipo de archivos, lo que permitirá resolver en primer lugar la escasez de espacio en el Palacio de Justicia de Oviedo y habilitar otros nuevos. También se da cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales que permitió, el pasado mes de octubre, la desconvocatoria de la huelga del personal de este ámbito.
  •  
  • 11/11/2017 > La capacidad de los juzgados asturianos está al límite: El Principado contrata a una empresa especializada para limpiar, documentar y destruir lo necesario. Ante la falta de espacio en los juzgados para guardar los miles de expedientes que se acumulan año a año, el Principado acaba de contratar a una empresa especializada. Su misión será la de limpiar, documentar y destruir lo que no sea necesario. Los expedientes anteriores a 1992 se llevarán al Archivo Histórico para así, dejar espacio y seguir acumulando. Algunos juzgados aseguran estar al límite y ya guardan carpetas hasta en los pasillos. 
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  • 28/06/2018 > Sesión del Pleno de la Junta General del Principado de Asturias. Asunto número 9: pregunta de la Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos doña Diana María Sánchez Martín al Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana sobre si se ha creado la Comisión de Expurgo y, en su caso, cuánto dinero ha invertido el Gobierno del Principado en su creación (10/0186/0345/06952). De la esa intervención en el Pleno destacamos las siguientes declaraciones del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez: "La convocatoria de la junta de expurgo forma parte de un Programa integral en materia de archivo de expedientes y documentación en los órganos judiciales que el Gobierno había contemplado en el proyecto de presupuestos para el años 2018, con una partida de medio millón de euros. La situación de prórroga presupuestaria no nos permite el desarrollo, por tanto, de todas las acciones contempladas en ese plan de archivos judiciales, pero sí estamos articulando diferentes medidas para actuar sobre la situación de algunos órganos judiciales".

  • 12/07/2018 > Principado y Justicia conforman la Junta de Expurgo de documentos judiciales. El inicio de la actividad de la junta es una de las acciones previstas por el Gobierno de Asturias para poner en marcha un Plan de Archivos Judiciales y acometer una actuación integral en los espacios de almacenamiento de juzgados y tribunales.

Según las declaraciones del Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana en sede parlamentaria y las reiteradas alusiones en los medios de comunicación, pese a que no fue aprobado el proyecto de presupuestos, las actuaciones que se están llevando a cabo se promocionan como medidas parciales que siguen la estrategia definida en dicho plan/programa de archivos judiciales (así se promocionó, por ejemplo, la contratación a la que se refiere la noticia del 11/11/2017, contrato menor con número de expediente 41-17-ME).
  
Recordemos que, según Resolución R/0025/2018 (100-000289) del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los altos cargos políticos han de facilitar los informes y estudios que avalen los datos que trasladen a la opinión pública: se reconoce el derecho de acceso a todos aquellos informes, estudios y/o documentos públicos utilizados como fundamento de los datos económicos y afirmaciones vertidas por un representante (en aquel caso un Ministro) en sus comparecencias (entonces, ante el Congreso de los Diputados).
No habiendo localizado información alguna al respecto entre los planes y programas estratégicos del gobierno, publicados en el Portal de la Transparencia de Asturias, el pasado 1 de agosto la AAPA registró una consulta dirigida a la Dirección General de Justicia en los siguientes términos:
  • INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA: "Programa integral en materia de archivo de expedientes y documentación en los órganos judiciales". En alusión al mismo programa, también solicitamos acceso a los documentos en los que se substancien el análisis y estudio de la viabilidad del proyecto; la definición del alcance, objetivos, responsables de su ejecución y presupuesto asignado; el cuadro de mando establecido para su seguimiento y evaluación (indicadores, responsables y prioridades establecidas), y la calendarización prevista.

  • MOTIVO POR EL QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN: De forma repetida se ha hecho alusión a ese programa, tanto en medios de comunicación, como el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, en su intervención sobre la materia en el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias de 28 de junio de 2018. La Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias, lo considera información relevante para dar cumplimiento a los fines establecidos en sus estatutos.

La Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana ha resuelto INADMITIR nuestra consulta dada la INEXISTENCIA del Programa integral en materia de archivo y documentación de los órganos judiciales. Acceso al texto completo de la resolución (pdf: 76 KB). [Se ha tramitado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, aún pendiente de resolución. Expediente RT 0390/2018]

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ACTUALIZACIÓN

Reclamación CTBG

Expediente RT 0390/2018

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Una vez registrada la reclamación de la AAPA (pdf: 430 KB), el CTBG dio comienzo a su tramitación, informando y dando trámite de audiencia al órgano de que desestimó nuestra consulta.
En este sentido, resultan especialmente reveladoras las alegaciones presentadas desde la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias (pdf: 140 KB). Se reafirma en la respuesta: "no existe tal Programa integral en materia de archivo de expedientes y documentación de los órganos judiciales por lo que no hay documentos que analicen y estudien la viabilidad de tal proyecto". Sin embargo, ahonda en que "en materia de archivos, la única documentación existente es un informe interno de la Dirección general competente en materia de justicia, y tal informe, como información auxiliar o de apoyo, no constituye en los términos de la legislación en materia de transparencia, información pública accesible, por lo que procede mantener la calificación primigenia y reiterar al (sic) inadmisión". Finalmente, completan la información con lo que sigue, sobre las tres actuaciones contempladas en tal documento interno y de lo que nada se comentó al atender nuestra consulta: la puesta en funcionamiento de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales, la creación del Archivo Judicial Territorial del Principado de Asturias y la posibilidad de tramitar un contrato de prestación del servicio de recogida, archivo y custodia de fondos documentales.

Extracto de las alegaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana al trámite de audiencia del CTBG

A modo de conclusiones, se insiste en que "no existe por parte de esta Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana voluntad alguna de evitar el público o particular conocimiento de la documentación", se reconoce la función que tendría el hoy inexistente Plan y se complementa la información con el estado de las actuaciones citadas.
Extracto de las alegaciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana al trámite de audiencia del CTBG

Desde la AAPA, consideramos que escasa confianza se puede tener en un órgano que en un primer momento niega toda información y, en cambio, muestra mayor talante comunicativo cuando el interlocutor es el CTBG, al que ofrece una información que no consideró relevante incluir en la respuesta a la consulta ciudadana y que tampoco está recogida en el Portal de Transparencia. Por este motivo, conocidas estas alegaciones, la AAPA presentó ante el CTBG sus consideraciones (pdf: 99 KB).


En enero de 2019, el CTBG resuelve DESESTIMAR nuestra reclamación dado que "no existe objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso a la información pública regulado en LTAIBG". Acceso al texto completo de la resolución (pdf: 451 KB). Una respuesta que no nos sorprende, dado que, como venimos reclamando: en ningún extremo de la ley se obliga a documentar la acción pública en lo que se refiere a la toma de decisiones. He aquí un caso con el que corroborarlo.
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Además de discrepar con la “inadmisión” (pues entendemos que la consulta sí es jurídicamente válida y dirigida al órgano responsable, otra cuestión es que no “exista” el documento solicitado), lamentablemente, hemos confirmado, una vez más, lo que ya habíamos apuntado hace meses: la dejadez e imprevisión en la gestión de los archivos asturianos.

Desde la AAPA seguiremos insistiendo que, lejos de improvisaciones e impulsos políticos, las instituciones asturianas necesitan una verdadera estrategia de gestión de documentos que coordine y dicte directrices de actuación que garanticen que los documentos de ayuntamientos, juzgados y cualquier otra entidad pública respondan a los intereses por los que son producidos, como apoyo imprescindible para su trabajo diario y en la defensa de sus intereses, pero también como garantía de transparencia, para que las personas podamos hacer uso de ellos en el ejercicio de nuestros derechos.

También seguiremos defendiendo que es necesario que la acción pública quede debidamente documentada y que la gestión de esos documentos garantice que puedan ser prueba fehaciente de esos actos, garantía de derechos y obligaciones, e información abierta a la consulta; como expresamos en las aportaciones de la AAPA al trámite de audiencia e información pública del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

La confianza en las administraciones públicas se sustenta con información veraz y contrastable, no sobre palabras vacías. Por eso desde aquí, animamos a más organizaciones y personas a ejercer el derecho a saber y contrastar las declaraciones e informaciones publicadas por las administraciones públicas y sus representantes.

Tenemos derecho a saber y nuestros representantes públicos obligación de informarnos.


Por una acción pública más transparente y participativa ¡Seguimos!

1 de junio de 2018

APORTACIONES AL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

Entre el 3 y el 31 de mayo de 2018 se abrió a audiencia e información pública el Proyecto de Real Decreto por el que se  desarrolla  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de Transparencia,  Acceso  a  la Información Pública y Buen Gobierno.

Analizados el texto del proyecto de real decreto y su memoria del análisis de impacto normativo, desde la AAPA hemos presentado aportaciones cuyo objetivo es poner de relevancia que la gestión de documentos es la base para la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y el buen gobierno.

Puedes hacer seguimiento a este trámite legislativo desde el Portal de la Transparencia.


Puedes consultar el texto completo aquí: Aportaciones de la AAPA al proyecto de Real Decreto de desarrollo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno (2018) (pdf: 232 KB)

25 de mayo de 2018

ARCHIVOS PARA NO OLVIDAR: GOBIERNO, MEMORIA Y PATRIMONIO



#Archivos para saber quiénes somos, para conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. El superpoder del #DerechoaSaber nos fortalece como personas y como sociedad, pero también hace transparentes a nuestras instituciones. Por eso necesitamos ¡#ArchivosAbiertos para cogobernar la Galaxia! 😉


El próximo 9 de junio, celebraremos el Día Internacional de los Archivos bajo el lema "Archivos: gobierno, memoria y patrimonio", #ArchivosParaNoOlvidar e #IAD18 


#OrgulloFriki >> #OrgulloArchivero


24 de abril de 2018

LA SOCIEDAD CIVIL PIDE RECURSOS SUFICIENTES PARA VELAR POR LA TRANSPARENCIA

Con ocasión del próximo debate de los Presupuestos Generales del Estado 2018, Access Info Europe y 19 organizaciones de la Coalición ProAcceso (1), entre las que se encuentra la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA), instan a los grupos parlamentarios a garantizar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) disponga de los recursos suficientes para llevar a cabo su labor de vigilancia y control de la transparencia.

Según las informaciones publicadas recientemente, la dotación presupuestaria del organismo que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los Presupuestos Generales de 2018 se ha reducido un 22% respecto al año anterior.

Las organizaciones ponen de manifiesto que esta reducción de presupuesto merma la independencia del CTBG y puede hacer que, en la práctica, este organismo tenga muy difícil cumplir con su misión de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.

Recuerdan, además, que, en la práctica, el CTBG tiene numerosos litigios abiertos -principalmente por el Gobierno o empresas públicas como RTVE- contra sus resoluciones, que suponen recursos que salen de estos presupuestos.

Esta reducción presupuestaria es inaceptable. De producirse, se corre el riesgo de que todos los avances en transparencia de los últimos años queden en papel mojado”, ha declarado Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe.

Este es un momento crucial para la transparencia, los grupos parlamentarios deben materializar sus compromisos con la transparencia y dotar al CTBG de los medios suficientes para desempeñar estas labores” ha añadido Darbishire.

Las organizaciones apuntan, además, la importancia de disponer de un organismo de supervisión que sea no solo independiente si no también con poderes de inspección y sanción. Por ello, piden que se continúe avanzando en este tema a través de la Ley de Protección de denunciantes que está en el debate en el Congreso de los Diputados propuesta por el grupo parlamentario de Ciudadanos.


(1) Organizaciones firmantes:
  • Access Info Europe
  • Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
  • Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA)
  • Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
  • Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
  • Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
  • Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
  • Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
  • Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
  • Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y desarrollo (CIECODE)
  • Coordinadora de ONGD
  • Fundación Ciencias de la Documentación
  • Fundación Cultura de Paz
  • Fundación Hay Derecho
  • Greenpeace
  • Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
  • Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez
  • OpenKratio
  • PDLI, Plataforma en Derecho de la Libertad de Información
  • Reporteros Sin Fronteras, Sección Española (RSF)


Desde la AAPA y junto con la Coalición Pro-Acceso, seguiremos defendiendo el derecho de acceso a la información pública: el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas; la obligación de las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones de manera proactiva. Para lograrlo, será fundamental la exigencia de documentar el ejercicio público y garantizar la correcta gestión de los documentos, para que esa información sea íntegra, auténtica, fiable y pueda estar disponible con plena legalidad.


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