24 de abril de 2018

LA SOCIEDAD CIVIL PIDE RECURSOS SUFICIENTES PARA VELAR POR LA TRANSPARENCIA

Con ocasión del próximo debate de los Presupuestos Generales del Estado 2018, Access Info Europe y 19 organizaciones de la Coalición ProAcceso (1), entre las que se encuentra la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA), instan a los grupos parlamentarios a garantizar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) disponga de los recursos suficientes para llevar a cabo su labor de vigilancia y control de la transparencia.

Según las informaciones publicadas recientemente, la dotación presupuestaria del organismo que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en los Presupuestos Generales de 2018 se ha reducido un 22% respecto al año anterior.

Las organizaciones ponen de manifiesto que esta reducción de presupuesto merma la independencia del CTBG y puede hacer que, en la práctica, este organismo tenga muy difícil cumplir con su misión de vigilar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.

Recuerdan, además, que, en la práctica, el CTBG tiene numerosos litigios abiertos -principalmente por el Gobierno o empresas públicas como RTVE- contra sus resoluciones, que suponen recursos que salen de estos presupuestos.

Esta reducción presupuestaria es inaceptable. De producirse, se corre el riesgo de que todos los avances en transparencia de los últimos años queden en papel mojado”, ha declarado Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe.

Este es un momento crucial para la transparencia, los grupos parlamentarios deben materializar sus compromisos con la transparencia y dotar al CTBG de los medios suficientes para desempeñar estas labores” ha añadido Darbishire.

Las organizaciones apuntan, además, la importancia de disponer de un organismo de supervisión que sea no solo independiente si no también con poderes de inspección y sanción. Por ello, piden que se continúe avanzando en este tema a través de la Ley de Protección de denunciantes que está en el debate en el Congreso de los Diputados propuesta por el grupo parlamentario de Ciudadanos.


(1) Organizaciones firmantes:
  • Access Info Europe
  • Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL)
  • Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias (AAPA)
  • Asociación de la Prensa de Madrid (APM)
  • Asociación Española de Acreditación de la Transparencia (ACREDITRA)
  • Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA)
  • Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
  • Associació Ciutadania i Comunicació (ACICOM)
  • Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians
  • Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y desarrollo (CIECODE)
  • Coordinadora de ONGD
  • Fundación Ciencias de la Documentación
  • Fundación Cultura de Paz
  • Fundación Hay Derecho
  • Greenpeace
  • Innovación y Derechos Humanos (ihr.world)
  • Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez
  • OpenKratio
  • PDLI, Plataforma en Derecho de la Libertad de Información
  • Reporteros Sin Fronteras, Sección Española (RSF)


Desde la AAPA y junto con la Coalición Pro-Acceso, seguiremos defendiendo el derecho de acceso a la información pública: el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas; la obligación de las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones de manera proactiva. Para lograrlo, será fundamental la exigencia de documentar el ejercicio público y garantizar la correcta gestión de los documentos, para que esa información sea íntegra, auténtica, fiable y pueda estar disponible con plena legalidad.


10 de enero de 2018

I CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO


La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ambas de 1 de octubre, vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí.
 
​A partir del 2 de octubre de 2018 no se diferenciará entre administración y administración electrónica ya que todo ha de ser digital. Documentos, expedientes y procedimientos han de estar diseñados y puestos a disposición de los ciudadanos de forma electrónica. La administración sin papeles empezará a ser un reto por fin en vías de superación, al establecerse que​ “los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos”​ y que “​los documentos administrativos se emitirán igualmente por escrito a través de medios electrónicos​”​​ y además, la Ley 40/2015​,​ establece que las AA.PP. se relacionarán entre sí y con sus órganos a través de medios electrónicos.​
 
El Archivo será ahora protagonista en este cambio. La Ley 39/2015 establece que el día 2 de octubre de 2018, como máximo, las distintas Administraciones Públicas deberán disponer de un Archivo Único Electrónico.
 
El debate entre los diferentes actores implicados está servido, es oportuno y urgente, y es por ello que desde la AAPA nos complace colaborar con el “I Congreso Nacional de Archivo y Documento Electrónico (cnADe)”, organizado por el Ayuntamiento de Leganés y el Club de Innovación con el apoyo de la FEMP, del CTBG y de otras instituciones públicas y asociaciones; y que tendrá lugar los días 24 y 25 de enero de 2018, en el Centro Cívico José Saramago, Leganés (Madrid).
 
Para que no te pierdas esta cita, a continuación te facilitamos toda la información:
También puedes estar al día de todas las novedades en @cnADe18 y siguiendo los hashtag #CNADE y #CNADE18. Para cualquier consulta no dudes en dirigirte a la organización a través del correo electrónico: info@clubdeinnovacion.es 

22 de diciembre de 2017

CON NUESTROS MEJORES DESEOS: FELIZ NAVIDAD

17 de noviembre de 2017

DEJADEZ E IMPREVISIÓN EN LOS ARCHIVOS ASTURIANOS


En una misma semana, archivos municipales (1) y judiciales (2) han sido noticia en Asturias, con casi idéntico enfoque: el Gobierno del Principado tiene una solución ante la grave situación en la que se encuentran. Sin embargo, una vez más, esta solución resulta ser apagar el fuego de un incendio intencionado. Se toman medidas desesperadas de último recurso, obviamente necesarias ante la manifiesta catástrofe, pero que son fruto de la propia inoperancia de quien ahora se postula como salvador. Primero te dejo morir y en tu última exhalación, te rescato; ahora me debes la vida. Eso no es mostrar preocupación por los archivos y los documentos públicos de los asturianos y menos aún, estar cumpliendo con las obligaciones legales asignadas. Siendo benévolos, eso es simplemente salvar los muebles.


Todos coincidimos en el diagnóstico: tenemos algunas situaciones críticas y las recientes exigencias de reforma de las administraciones públicas están sacando a la luz los problemas sobre los que venimos advirtiendo hace tiempo. Poner los documentos a resguardo, rescatarlos, no es suficiente si no atajamos de raíz lo que los lleva a ese punto límite, porque en poco tiempo se reproducirá el problema. Ahora dicen en papel, pero también en electrónico.


Desde la Asociación de Archiveros del Principado de Asturias (AAPA) seguiremos insistiendo, y así lo estamos exponiendo ante diversas entidades de la región: Asturias necesita una política de gestión de documentos a nivel regional que coordine y dicte directrices de actuación que garanticen que los documentos de ayuntamientos, juzgados y cualquier otra entidad pública respondan a los intereses por los que son producidos, como apoyo imprescindible para su trabajo diario y en la defensa de sus intereses, pero también como garantía de transparencia, para que los ciudadanos puedan hacer uso de ellos en el ejercicio de sus derechos.


Existen auténticos referentes de conocimiento y buen hacer en la región. Simplemente se precisa voluntad política para liderar y afrontar el diseño de una estrategia coordinada y compartida que favorezca la construcción de un modelo de gestión de documentos que reduzca la brecha territorial, material y de experiencia, sin perder nunca la verdadera vocación de servicio a la ciudadanía.

Fátima Rodríguez Coya
Presidenta de la AAPA
_________________________________________ 
Tribuna de opinión publicada en el periódico
La Nueva España de 10 de noviembre de 2017,
en edición web e impresa (edición de Oviedo, p. 7)


(1) Archivos municipales
El Archivo Histórico acogerá el patrimonio documental de algunos ayuntamientos pequeños (La Nueva España, 8 de noviembre de 2017). "La nueva línea de actuación del Principado pretende que los concejos asturianos que no puedan mantener la fase histórica de ese patrimonio en perfecto estado y que no puedan ofrecérselo al ciudadano tengan la oportunidad de efectuar un depósito de sus fondos en el Archivo Histórico de Asturias para una mayor conservación y puesta en valor de los mismos"

A principios de este año la AAPA inició el estudio de la situación de los archivos municipales asturianos, con especial preocupación hacia los concejos de menos de 20.000 habitantes. Las reuniones mantenidas hasta la fecha con los responsables de archivos municipales y otros representantes de instituciones con competencias en el ámbito local, ponen de manifiesto una fuerte brecha en la capacidad en la prestación de servicios en materia de gestión de documentos y archivo de unos concejos a otros. En todos los casos es recurrente el mismo diagnóstico: la desasistencia y falta de coordinación desde el Gobierno del Principado de Asturias, desatendiendo plenamente a sus competencias en la materia para evitar llegar a extremos como el de Santo Adriano. Esas intervenciones de rescate in extremis, al igual que la aprobación de planes de empleo para servicios estructurales sin ningún tipo de supervisión técnica que se han concedido en el último año, no hacen sino ahondar en las desigualdades y en la exposición a negligencias en la gestión de la fe pública y la gestión del patrimonio.
   

(2) Archivos judiciales
El Principado inicia en el Palacio de Justicia de Oviedo un programa para reorganizar los archivos de los órganos judiciales (La Nueva España, 5 de noviembre de 2017).

La capacidad de los juzgados asturianos está al límite (RTPA, 11 de noviembre de 2017). "El Principado contrata a una empresa especializada para limpiar, documentar y destruir lo necesario. Ante la falta de espacio en los juzgados para guardar los miles de expedientes que se acumulan año a año, el Principado acaba de contratar a una empresa especializada. Su misión será la de limpiar, documentar y destruir lo que no sea necesario. Los expedientes anteriores a 1992 se llevarán al Archivo Histórico para así, dejar espacio y seguir acumulando. Algunos juzgados aseguran estar al límite y ya guardan carpetas hasta en los pasillos".
Un nuevo caso de intervención al límite, sin política ni planificación alguna que lo sustente: la limpieza y el desalojo de documentos parece ser la prioridad a la luz de ambas noticias. Apunta una de ellas "el Archivo Histórico ya alberga 100.000 cajas de documentación, sobre todo de procedimientos recientes, por lo que las peticiones de expedientes en préstamos son habituales." Esas no son las competencias de un archivo histórico, sino las del aún inexistente Archivo Judicial Territorial de Asturias. Hace años que la AAPA ya advirtió, con el respaldo de más asociaciones españolas, de los problemas advertidos en torno a la gestión de documentos judiciales con motivo de la promulgación de decreto de creación de la Junta de Expurgo de Documentos Judiciales de Asturias. Unas alegaciones que fueron transmitidas tanto a la Dirección General de Justicia del Principado de Asturias como al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. En 2015, ese mismo Tribunal informó de su traslado al Consejo General del Poder Judicial (noticia AAPA).

© AAPA - Archiveros de Asturias