9 de octubre de 2017

ASTURIAS TIENE #DERECHOASABER: CONCLUSIONES

Cumpliendo con lo programado, el pasado jueves celebramos en Oviedo el debate “Asturias tiene Derecho a Saber” en el marco de la agenda conmemorativa del Día Internacional del Derecho a Saber, 2017. Creemos que es momento de dialogar y acercar este derecho a las personas y organizaciones para que se ejerza, pero también para que juntos podamos mejorar en la solicitud, en el acceso y en cómo recibimos esa información.

Momento del debate "Asturias tiene Derecho a Saber"

Para ello nos pareció fundamental reunir diversas perspectivas. Desde el Gobierno del Principado de Asturias, contamos tanto con la visión política de Melania Álvarez, actual Directora General de Participación Ciudadana, como la visión técnica de Ana Velasco, documentalista asociada a esa dirección general e implicada en el portal de Gobierno Abierto de Asturias.  La perspectiva de la administración local y tecnológica vino de la mano de Diana Rivas, responsable del área de Gestión Municipal del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos de Asturias (CAST). Pero no bastaba con la parte institucional, también era necesario dar voz a la sociedad civil que, además de estar presente entre los asistentes, fue representada por Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias. Por su parte Fátima Rodríguez, presidenta de la AAPA, además de conducir el debate, enlazó las demandas ciudadanas con los cimientos necesarios para cumplir con ellas, que comienzan por la necesidad de documentar la acción pública y la gestión de esos documentos de modo que se garantice su autenticidad, integridad y fiabilidad como testimonio de la actividad pública. Solo de este modo, será posible la adecuada puesta a disposición de la información, con plenas garantías, ante las personas y colectivos que decidan solicitarla.

Estuvimos hablado, pero sobre todo escuchando con mucha atención este intercambio de opiniones, experiencias y sugerencias de mejora en el ejercicio del acceso a la información pública. Y si algo celebramos de este encuentro es la firme apuesta porque el ejercicio del derecho a saber no solo se circunscriba a la rendición de cuentas, sino sobre todo a la participación ciudadana: el acceso a la información pública nos dará la información clave para poder formar una opinión crítica de los asuntos públicos y, basándonos en ella, tomar decisiones.


A continuación compartimos las opiniones más repetidas y destacadas de esta jornada:
  • > Falta cultura en el ejercicio y atención del derecho de acceso a la información pública, tanto a nivel social como dentro de las instituciones. Aún existen muchas reticencias por parte de empleados públicos y dirigentes, pero también desconocimiento en la sociedad civil.

  • > Falta una mayor voluntad política para impulsar con firmeza el derecho de acceso: la inversión y el apoyo se centra en la publicidad activa y en visibilizar aquellos aspectos que pueden tener mayor rentabilidad política; mientras que en lo demás, se cumplen los mínimos legales exigidos.

  • > No sabemos qué información existe en las administraciones, es por ello que en muchas ocasiones realizamos consultas prácticamente a ciegas y probando fortuna, sin apenas capacidad de contrastar la pertinencia de la respuesta recibida.

  • > Resulta vital simplificar la solicitud de información. La exigencia de identificación con certificado electrónico dificulta y disuade en la petición de información, al igual que la dispersión de canales y otras barreras tecnológicas existentes (divergencias según navegador y complementos, por ejemplo).

  • > Aunque se reconoce el esfuerzo que están llevando a cabo las administraciones públicas en estos años, es necesario optimizar aún más su funcionamiento interno para que la atención de las solicitudes de  información pública no suponga desatender la normal actividad del servicio.

  • > Aún es frecuente la entrega de información en formatos que dificultan su procesamiento y reutilización. La experiencia general: recibimos respuesta electrónica en formato pdf, pero se trata de imágenes de documentos en papel, digitalizados sin garantías de copiado auténtico.

  • > Como solicitantes, no siempre se sabe que es posible reclamar si no recibimos respuesta o si consideramos que es incompleta. Con frecuencia nos vemos sumidos en una burocracia que finalmente lleva a las personas y colectivos a desistir en la búsqueda.

  • > Con frecuencia una misma consulta debe presentarse ante varias instituciones y eso pone de relevancia desigualdades en los canales de acceso y diversidad de criterios y formatos para la entrega de la información.  Todo ello genera dificultades para el ejercicio de este derecho, pero también para el análisis y tratamiento de la información obtenida.

  • > Se publican muchos datos en frío, descontextualizados: desconocemos cómo se decide, por qué unas cantidades y no otras. La falta de argumentos sobre cómo se llega a esa cifra o decisión y no a otra, supone que en órganos de participación ciudadana apenas se disponga de información para poder valorar las opciones que nos presentan las administraciones públicas.


Como veis muchas de estas aportaciones basadas en la experiencia de los participantes, coinciden con los 10 principios que promulgamos las entidades miembro de la Coalición Pro Acceso, así que seguiremos participando de ella para su defensa.

De izquierda a derecha: Ana Velasco, Melania Álvarez, Fátima Rodríguez, Dacio Alonso y Diana Rivas



Agradecemos a todos vuestra implicación y asistencia

¡Seguimos!

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